La popular cantante Shakira está muy cerca de afrontar un juicio por fraude fiscal en España. Este miércoles, el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat determinó que hay “indicios suficientes” para elevar a juicio a la colombiana por el impago a Hacienda de 14.5 millones de euros en concepto de impuestos.
De acuerdo al sitio de noticias Infobae América, Shakira tiene la posibilidad de negociar el pago de una cifra que le evitaría tener que pasar por los tribunales, donde afrontaría cargos por hasta seis delitos y correría el riesgo de ser condenada a prisión.
🔴 ÚLTIMA HORA | El juez ve “indicios suficientes” para llevar a Shakira a juicio por fraude fiscal t.co/63cz9T89uZ
El diario El País, de España, cita la documentación que lleva la firma de Marco Jesús Juberías, titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, Barcelona.
“Shakira Isabel Mebarak Ripoll [nombre real de la cantante] habría dejado de tributar en España durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, pese a tener obligación de hacerlo por tener aquí su residencia fiscal”, precisa el documento.
A Shakira se le acusa de seis delitos fiscales y, si es condenada, podría ir a la cárcel, pero tiene una última oportunidad de evitar el medio juicio mediante un pacto con la fiscalía española.
La investigación por evasión de impuestos contra la colombiana se viene realizando desde hace tres años. Las pruebas recogidas por empleados de Haciendo propiciaron que la Justicia determine que hay indicios suficientes para acusar a la esposa de Gerard Piqué ante en los tribunales.
La maniobra de evasión por la que acusan a Shakira
Tal como indica el diario El País, existen otros querellados en la causa además de la cantante colombiana.
El juez considera que hay “indicios suficientes” que prueban que Shakira habría defraudado 14,5 millones de euros a Hacienda
Shakira junto a los otros acusados “emplearon una serie de sociedades mercantiles” (según consta en el documento del juzgado de instrucción) para que esas otras personas figurasen como titulares del patrimonio de la cantante. La resolución judicial precisa que Shakira solo aparecía como titular “en último término y en sociedades radicadas en territorios considerados como paraíso fiscal”.
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El juez que dio lugar al pedido de Haciendo indicó que los argumentos que exponen la Agencia Tributaria y los abogados de la cantante colombiana son “diametralmente opuestas”. Por ello propició la instancia de un juicio oral.
El argumento de Shakira que desestimó la Justicia española
La investigación contra la cantante colombiana Shakira lleva ya tres años. En este tiempo, la esposa del futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué intentó evitar la instancia de juicio.
Hasta el miércoles, el principal argumento de la defensa de Shakira era que la cantante no residía en España, por tanto no podía ser acusada de fraude fiscal. La colombiana alegaba que su domicilio estaba en Bahamas.
Shakira simuló vivir en Bahamas, sin embargo, se demostró que superó 183 días de estancia en España.
Esa tesis, sin embargo, fue desmontada por los investigadores de Haciendo. Ya en agosto de 2020, desde la Agencia Tributaria aseguraban que Shakira siempre regresaba a España luego de sus trabajos en Bahamas. En Barcelona tiene su residencia junto a su esposo e hijos, asegura Hacienda.
Hacienda estima que Shakira tenía “ausencias esporádicas” pero que de ningún modo Bahamas llegó a establecerse como su lugar de residencia.
Cabe señalar que la Justicia española considera que una persona debe tributar en su país cuando esta pasa al menos 183 días en territorio nacional durante el año en cuestión.
Shakira presentó ante la Justicia el título de compra de una mansión en Nassau, capital de Bahamas. Pagó por ese inmueble 1.1 millones de euros (1.31 millones de dólares). Alegó que vivió allí hasta 2014, año en que dio a luz a Milan, su primer hijo.
También mostró ante la Justicia un permiso de residencia permanente otorgado por el gobierno de Bahamas. España desacreditó la validez del documento ya que estimó que el país centroamericano los expide a todas las personas que hayan comprado una propiedad en su territorio, y de ningún modo configura prueba de residencia.
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