Un escandaloso acto de corrupción por parte de dos jueces de los Estados Unidos salió a la luz pública, luego de que se dio a conocer que los jueces del estado de Pennsylvania, Mark Ciavarella y Michael Conahan, fueron sentenciados y condenados por enviar a menores de edad a la cárcel a cambio de sobornos.
El juez de la República Cristopher Conner, emitió el fallo de sentencia y condena luego de escuchar el año pasado 2021, los testimonios de 282 personas que comparecieron ante el tribunal de menores en el condado de Luzerne entre los años 2003 y 2008, y de los cuales 79 de ellos eran menores de trece años, cuando Ciavarella los envió a cárceles privadas y no a reclusorios especializados para menores.
A quick reminder that former Judges Mark Ciavarella & Michael Conahan deserve to burn in a hell where Satan spits flames into their eye sockets as the world above dances with delight to their screams. But now let me tell you what I really think of them…t.co/zFkHfGXOoB
“Contaron su naturaleza dura y arbitraria, su desdén por el debido proceso, su extraordinaria brusquedad y su comportamiento arrogante y grosero en la sala del tribunal”, escribió el juez.
Según el fallo de Conner, una víctima infantil no identificada, testificó que Ciavarella había “arruinado mi vida” y “simplemente no me permitió llegar a mi futuro”. Agregó que otro demandante dijo: “Siento que me acaban de vender sin ninguna razón. Como si todos hicieran cola para ser vendidos”.
Igualmente trajo la declaración de otra de las víctimas que describió cómo temblaba incontrolablemente durante una parada de tráfico de rutina, como consecuencia del impacto traumático de su detención infantil, y tuvo que mostrar sus registros de salud mental en el tribunal para “explicar por qué mi comportamiento era tan errático”.
2 Pennsylvania judges sent hundreds of children to for-profit jails in exchange for $2.8M in kickbacks.
Mark Ciavarella and Michael Conahan sent children as young as 8 to the PA Child Care jails, often in shackles, for minor crimes.
They’ve been ordered to pay $200M in damages.
Conner, también señaló que desde que se inició la demanda en el año 2009, muchos de estos menores acudieron a las drogas, y que algunos murieron por sobredosis, mientras que otros tomaron la fatal decisión de suicidarse, según InfoBae.
Además de la pena carcelaria, los jueces corruptos, deberán cumplir con una demanda que los obliga a indemnizar a las casi 300 víctimas de su atroz crimen. La cuantía para pagar supera los más de 200 millones de dólares que el juez Connor discriminó en 106 millones de dólares en pagos compensatorios y 100 millones en pagos punitivos.
Michael Conahan and Mark Ciavarella were accused of accepting $2.8 million in exchange for shutting down a county-run juvenile jail and instead funneling kids as young as 8 into two for-profit lockups, usually for extremely minor or first-time offenses.
“Ciavarella y Conahan abandonaron su juramento y violaron la confianza pública”, escribió Conner el martes en su explicación del fallo, según el portal Primera Hora.
“Estos menores de edad fueron víctimas trágicas de un escándalo de proporciones épicas2. Dijo Connor, de acuerdo con el Heraldo USA. “Sus acciones crueles y despreciables victimizaron a una población vulnerable de menores, muchos de los cuales estaban sufriendo problemas emocionales y de salud mental”, puntualizó el juez Conner.
¿Cómo operaba la red?
Según publica el medio Heraldo USA, de acuerdo con la investigación correspondiente sobre el caso, Mark Ciavarella y Michael Conahan se dieron a la tarea de cerrar un centro municipal de detención juvenil para enviar directamente a los niños a las prisiones privadas.
Esto sucedió luego de que los dos jueces aceptaron una cantidad de 2,8 millones de dólares, en pagos legales, del constructor y co-dueño de dos prisiones privadas en Pensilvania. Para ello, se garantizó una política de cero tolerancia a cada uno de los casos que procesaron, lo cual provocó que una mínima cantidad de niños fueran enviados a PZ Child Care y Western PA Child Care, centros especializados para menores que cometen algún delito.
La demanda menciona que Ciavarella ordenó una condena de prisión a niños que apenas tenían escasos ocho años por sobornos, quienes habían cometido delitos menores, como hurto. En los juicios, los acusados eran encadenados como presos de alta peligrosidad, esposados y llevados a prisión de manera inmediata, por lo que la mayoría no logró despedirse de sus familias.
U.S. District Judge Christopher Conner awarded $106M in compensatory damages and $100M in punitive damages to nearly 300 plaintiffs in a long-running civil suit against the judges in what came to be known as the kids-for-cash scandal.
El Universo, por ejemplo, publica el caso de un muchacho de 17 años quien recibió una condena de tres meses por haber acompañado a otro menor que fue atrapado robando en una tienda, aduce el medio que otros recibieron sentencias similares por “agresión simple” como resultado de una riña en la escuela que normalmente habría recibido una advertencia, según dijo una portavoz del Juvenile Law Center.
Otro caso citado es el del medio Sur y Sur, que informa de un episodio que apareció en un documental sobre el escándalo conocido como Kids for Cash (Niños por dinero), donde Ciavarella dictó el internamiento de una adolescente por crear un perfil en una red social donde ella y otros jóvenes parodiaban a la subdirectora de su escuela.
Dice que cuando la madre de la menor buscó ayuda legal para rescatar a su hija, se topó con que nadie en el sistema judicial estaba dispuesto a contradecir a un juez, pese a la flagrante injusticia de la condena.
Sobre todos estos casos y demás, señaló Marsha Levick, cofundadora y asesora legal del Centro de Derecho Juvenil, sin ánimo de lucro basado en Filadelfia, que la Constitución del país consigna que todos los detenidos están en el derecho de presentarse ante cualquiera de las cortes del país con un abogado que los represente para dar garantía al proceso legal. No obstante indica que estos menores fueron informados por parte del Servicio de libertad Condicional, de que por haber cometido delitos menores no requerían de uno.
Mark Ciavarella and another judge, Michael Conahan, shut down a county-run juvenile detention center and accepted $2.8 million in illegal payments from the builder and co-owner of two for-profit lockups.
Marsha Levick, estima que de los 5.000 jóvenes que se presentaron ante Ciavarella entre el 2003 y el 2006, cerca de 1.000 o 2.000 recibieron sentencias de detención excesivamente duras. Sin embargo, es de señalar, que, tras conocerse la forma operacional de la red, la Corte Suprema de Pensilvania, determinó anular los fallos de culpabilidad emitidos en contra de unos 4.000 menores de edad.
La información obtenida hasta ahora, no da claridad si los jueces condenados pagaran las indemnizaciones impuestas por el juez Conner, pero sí se dio a conocer que los jueces cumplen actualmente con una sentencia de prisión. El juez Ciavarella se encuentra detenido en una cárcel cumpliendo una condena de 28 años, mientras que Conahan cumple sentencia de más de siete años, pero que a raíz de la emergencia sanitaria del Covid-19, cumple prisión domiciliaria desde 2020.
Sobre los demandantes que ahora son personas adultas, no se sabe a ciencia cierta si recibirán algunos de los pagos establecidos en la demanda civil, pero de lo que si se tiene conocimiento es que el condado Luzerne, que estuvo entre los demandados, fue sacado de la causa hace años.
Finalmente, Levick, quien también hace parte de la defensa que representa a los demandantes, dijo el pasado miércoles que “esta es una gran victoria”, pero que ella no puede imaginar que les vayan a dar algún dinero a los afectados.
“Tener una orden de un tribunal federal que reconozca la gravedad de lo que los jueces les hicieron a estos niños en medio de algunos de los años más críticos de su infancia y desarrollo es muy importante, se pague o no el dinero”, finalizó.
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